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Wikileaks, el mensaje

La palabra “wikileaks” -producto resultante de la combinación del hawaiano    “wiki” y el inglés “leak”- utilizada para denominar la organización mediática   internacional sin ánimo de lucro, dedicada a publicar a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenidos sensibles sobre materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes, es un claro exponente de su actividad: filtraciones rápidas. Y, visto lo visto, nos atrevemos a sugerir a Julián Assange que añada a su denominación la palabra “mass”, para mayor precisión. Wikileaksmass. Desde luego, así parece aconsejarlo –para asombro de propios y extraños- los miles de documentos filtrados en los últimos meses y los anuncios de los que vendrán próximamente.

Esta organización, que se describe a sí misma como fundada por disidentes chinos, periodistas, matemáticos y tecnólogos de Estados Unidos, Taiwán, Europa, Australia y Sudáfrica -así al menos aparece indicado en la página web de otra “wiki”, en este caso, Wikipedia- se ha erigido en paladín de la transparencia de lo público y, al parecer, pretende consolidar, en torno a Assange, la personificación del liderazgo global de un postmodernismo informativo ético y comprometido.

Hasta aquí, todo podría ser consecuencia de los nuevos tiempos, una forma de contestación de la sociedad civil mundial frente al establishment, heredado de la guerra fría, a lomos de las tecnologías de la información. Reacción que no es de extrañar en nativos digitales, de espíritu inquieto, bienintencionados y deseosos de ser protagonistas en su época. Lo que no excluye –más bien obliga- reflexionar sobre un fenómeno global, que ha sido posible por la existencia de Internet, y por lo que sus consecuencias, directas o indirectas –también de alcance global- pueden significar para la gobernanza de nuestro mundo.

El fenómeno Wikileaks tiene múltiples lecturas. De una parte, es la constatación fáctica de alguna de las muchas posibilidades y consecuencias de la dependencia cibernética de las sociedades de nuestros días, que vienen siendo teorizadas desde hace tiempo, y por ello, no debería sorprender, si no fuese por la reiterada mala costumbre, históricamente contrastada, de no querer mirar hacia lo que no deseamos ver.

De otra, las filtraciones producidas hasta el momento de escribir estas líneas, y la anunciada, son referidas a tres ámbitos clásicos, y básicos, de confidencialidad: el militar, el diplomático y el económico (que se corresponde con la tradicional división tripartida, efectuada en función del ámbito histórico de aplicación de los sistemas criptográficos, a lo largo de siglos), hoy ampliamente superados por la irrupción de múltiples entornos necesitados de protección, que llegan hasta lo que se podría denominar como cifra cívica, destinada a proteger la privacidad de individuos y organizaciones sociales.

La temática de las filtraciones, nos plantea un pequeño juego adivinatorio respecto a cuál será el próximo ámbito de confidencialidad afectado en la cadena de “filtraciones-entregas”, aparentemente planificadas de forma estratégica, analizando el perfil de la organización, sus objetivos y, el posible razonamiento de su mente rectora.

Del desparpajo con el que se pronuncia Wikileaks respecto al blindaje de su información y  fuentes, para evitar su control por los Estados (así como de la distribución en forma cifrada de información muy sensible que, podría ser conocida mediante la distribución de las claves para su lectura, en caso de que algo malo pudiera ocurrir a su líder mediático Julián Assange, y que pondría en graves aprietos a políticos e instituciones mundiales) se podría deducir que estos paladines de la transparencia han desarrollado extraordinarias habilidades criptológicas para la ocultación de información, que según ellos dicen y, al parecer creen, están a prueba de las capacidades de criptoanálisis de los propios Estados –no olvidemos que su organización está integrada, entre otros, por matemáticos, tecnólogos y hackers, y que el propio Assange tiene formación criptológica-, lo que les convertiría, también, en unos expertos en la protección eficaz del secreto, tan contrario, aparentemente, a la filosofía de transparencia que preconizan, y permitiría considerar que, tal vez, para esta organización, el uno y la otra, son compatibles.

Asimismo, se podría extraer alguna consecuencia más, respecto a la filosofía que inspira y anima a Wikileaks. Aceptan el secreto en la medida que esté al servicio de la transparencia, lo que, no es, en modo alguno una incongruencia, sino todo lo contrario. Y parecen estar incidiendo, no tanto sobre el secreto, la transparencia y su interrelación recíproca –que, como deducimos, parecen tenerlo claro-, sino sobre la delimitación de los ámbitos de confidencialidad de las sociedades en el siglo XXI, y su tratamiento.

Wikileaks, tomándose la justicia por su mano, y asumiendo el papel de sumo hacedor, con independencia que para el logro de su objetivo, haya podido o no, cometer delito –lo que determinarán los tribunales- se erige en conciencia política universal, y como portavoz de un omnímodo poder, supranacional – configurado como un nuevo ethos aristotélico global- capaz de admonizar a estados, y organizaciones internacionales, envía al mundo un mensaje de indudable valor para la implantación de una democracia global en la era de la información, que requiere redefinir los ámbitos de confidencialidad, intensificar la protección de sus secretos, profundizar en la transparencia de lo público y respetar el secreto de lo privado.

Además –destacamos- este mensaje se envía utilizando a un personaje, Julio Assange, nativo digital, controvertido y rebelde, de probadas capacidades como hacker y con visos de convertirse en líder creíble para la comunidad global de cibernautas, que constituye el público objetivo destinatario del mismo.

En definitiva, de un primer análisis sobre la filosofía inspiradora de Wikileaks, se puede vislumbrar  un planteamiento similar a los constitucionalistas y estudiosos de los derechos y libertades individuales, que hemos venido manteniendo desde hace más de una década, en público y en privado, de forma verbal y escrita, en diversos foros, nacionales e internacionales, generalmente académicos –aunque con impacto mediático muy diferente a Wikileaks- respecto a los principios que han de inspirar una política de información en una moderna sociedad democrática, partiendo de la base que el secreto, per se, debilita la democracia, pero es necesario para el mantenimiento de la misma, en concretos y precisos asuntos, y en ocasiones contadas, que se resume en los siguientes cuatro puntos:

a.      Transparencia de lo público y secreto de lo privado, como norma general.

b.      Secreto de lo público y transparencia de lo privado, como excepción.

c.       Un secreto público muy intenso, pero poco extenso.

d.      Una secreto privado, muy extenso, y relativamente intenso.

Además, en la práctica totalidad de las constituciones de los países del globo, y tratados internacionales sobre derechos humanos, están recogidos –al menos en la letra- , de una u otra forma, los principios y excepciones resumidamente indicados.

A este planteamiento no es ajena la actual corriente occidental de dictar leyes sobre transparencia, y normas sobre seguridad de la información en los países más avanzados del mundo, y sensibles a la materia, –entre ellos España, con un proyecto de ley sobre transparencia en tramitación, un Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica, publicado en enero de 2010, y otras normas sobre seguridad de las TIC en elaboración-.

La organización de Wikileaks, integrada por periodistas, matemáticos y tecnólogos, nos trae a la memoria al juez norteamericano Earl Warren, nombrado juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1953, para el que el nivel de secreto admisible, tanto en los ámbitos gubernamentales más elevados como en los más bajos, debería definirse mediante ley… Solo una ley equilibrada podrá resolver el dilema en el que nos encontramos, y a la luz de su experiencia vivida se pregunta en 1974 –hace treinta y cinco años- sino resultaba razonable que fuesen periodistas, juristas y politólogos, junto con representantes políticos en los niveles federal y estatal, los que han de ponerse de acuerdo sobre la definición de un ámbito esencial de confidencialidad, dejando el resto abierto al control público. Este planteamiento sigue estando vigente con la sola singularidad de requerir que se añada la dimensión tecnológica al proceso.

El carácter transversal de la información y las tecnologías que la tratan, penetra en todos los ámbitos de la actividad humana, impregnándolos de postmodernidad, al que resulta imposible sustraerse, y que suscita opiniones encontradas. Desde una perspectiva pública, esta nueva realidad es una fuente de amenazas y oportunidades, plantea conflictos hasta ahora desconocidos, establece nuevos retos,  requiere y necesita, la redefinición  de muchos de los antiguos conceptos, que han sido básicos para el orden mundial y demanda, a todos, la adecuación al tiempo presente, como imperativo estratégico de las sociedades del siglo XXI.

Los hechos demuestran que algo, o mucho, se está haciendo mal en la sociedad de la información, que ha alcanzado un alto grado de desarrollo tecnológico sin sus correlativos estratégicos, sociales y jurídicos. Aplaudir y admirar los éxitos tecnológicos es bien distinto a la asunción de las consecuencias que conlleva en las relaciones de poder, en cualquier ámbito y, especialmente, cuando sus efectos se hacen sentir a escala global.

La evolución de los tiempos, sitúa a la comunidad mundial ante un fenómeno informacional de magnitud inconmensurable al que se ha de dar respuesta mediante un instrumento, que tenga como punto central la información y su tratamiento por cualquier medio, desde una perspectiva integral.

La asimilación de este macrofenómeno pasa por su racionalización, lo que demanda, en primer lugar, la articulación de una estrategia general de la información que incida en los puntos esenciales del proceso informativo: adquirir, procesar, clasificar, proteger y distribuir. Esta nueva dimensión alumbraría un nuevo espacio de actividad institucionalizada, de carácter transversal, cuya denominación es aún inexistente, que jugará un papel preponderante en los siglos venideros, y vendría a sumarse a la milicia, la diplomacia, la justicia o la economía, entre otras.[1]

La información se adquiere por los procedimientos más diversos, que van desde los medios de comunicación, u otras fuentes abiertas, a los servicios de inteligencia, pasando por la investigación y desarrollo, la cultura general o las fuentes oficiales. Su ordenación sistemática determinará la fortaleza necesaria de un sistema de adquisición de información eficaz.

Directamente relacionada con la adquisición de la información y su hermano mayor, el conocimiento, está la incorporación y retención de los más capaces (retención de talentos), mediante la articulación de políticas y planes, que imposibiliten, o atenúen, la pérdida de los actores más significativos del conocimiento y neutralicen su eventual absorción por otras organizaciones.

La información adquirida, para ser útil, ha de procesarse, lo que, en la actualidad, requiere grandes estructuras en tecnologías de la información y sistemas informáticos, con capacidad, flexibilidad, seguridad, suficientes, e interoperables con otros sistemas, y con las redes satelitales mundiales. En el procesamiento de información, lo más importante es el intangible constituido por los programas de ordenador. Del software informático depende, en gran medida, la transformación de la información en conocimiento y son parte esencial de una moderna estrategia del saber.

 No toda la información es de igual valor. En unos casos es de primordial interés su máxima difusión y, en otros, por el contrario, necesita restringir su conocimiento a terceros no autorizados, como forma de preservar los intereses generales. En medio de ambas posiciones existe una gradación de informaciones más próximas a una u otra. La labor de agrupar la información en función del grado de confidencialidad, conocida como clasificación, requiere una delimitación previa del ámbito que ha de protegerse. Que configura una compleja tarea política, porque política es todo lo relacionado con la información y más aún, marcar los perfiles de aquella que va a ser sustraída al conocimiento público, y ha de articularse mediante instrumentos jurídicos al estar en juego derechos fundamentales.

Este tal vez sea el nudo gordiano jurídico-político de una estrategia general de información, que ha de lograr un armónico equilibrio presidido por unos principios rectores que, en el caso de la información pública, están basados en la transparencia como norma y el secreto como excepción, combinados con los de la información privada, basados en el secreto como norma y la transparencia como excepción. Todo ello como resultado del balanceo ponderado de los distintos intereses en juego que logre alcanzar el punto crítico de equilibrio, mesura y razonabilidad, alejado de posicionamientos extremos, constituidos por transparencias incondicionadas e ingenuas, y su antónimo, el fomento de una cultura del secretismo y la opacidad. La solución inadecuada de este conflicto se percibe como una de las causas del fenómeno Wikileaks.

Ninguna estrategia general de información estaría completa sin la protección y defensa del gran activo estratégico constituido por la propia información, frente a competidores o adversarios, sin olvidar que, en el mundo actual, el aliado militar, puede ser un competidor económico o un adversario político. La superioridad en información y conocimiento es una ventaja competitiva de gran importancia, pero frágil. Puede finalizar por una deslealtad, por la incapacidad de proteger la información, o por un simple apagón.

Sobre todos los elementos de un sistema de información y comunicaciones, se ciernen las más variadas amenazas, consecuencia de las apetencias de terceros, respecto al importante valor del activo. Las amenazas y riesgos a los que actualmente está sometido un sistema de información son muy variados. Pueden ser tanto de naturaleza física, como lógica, criptológica, organizacional o electromagnética, por solo citar las más significativos. La fortaleza de un conjunto organizativo, de cualquier naturaleza, depende cada vez más de la propia estrategia de información en su conjunto.

Una política de seguridad de la información contempla los aspectos esenciales de su protección, tanto almacenada como en tránsito (comunicación), lo que conlleva, la necesidad de regulación de los procesos de seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC´s) y su articulación e implantación efectiva. Que incorporen protecciones intensas y robustas para los contados y concretos secretos públicos que lo demanden, y ofrezca protección suficiente para usos privados. Una carencia de esta dimensión estratégica, en las organizaciones afectadas por las filtraciones, se ha puesto de manifiesto con Wikileaks.

Una vez adquirida y procesada la información requiere de un almacenamiento que, en modo alguno, es un proceso inocuo. El sistema y métodos de almacenamiento, así como su ordenación y fácil disponibilidad para su consulta o comunicación, y seguridad, resultan aspectos esenciales. Sobre todo, habida cuenta de los volúmenes de información manejados por los sistemas actuales y, los soportes magnéticos en los que se deposita, lo que no resulta indiferente para la “memoria digital”. La UNESCO tiene planteado este tema como una preocupación para que las generaciones venideras puedas disfrutar de los activos de información sin merma ni deterioro.

La información y el conocimiento resultan inútiles si no pueden ser utilizados en el momento que se requiera, de ahí, la necesidad de posibilitar su distribución por los cauces adecuados. Actualmente, resulta imprescindible la capacidad de enlace de las comunicaciones electrónicas, el tipo de redes, y la determinación efectiva de quienes tienen acceso a ellas. La distribución de conocimiento también requiere especial atención al aprendizaje y reaprendizaje, por ello, la formación permanente se ha convertido en un imperativo de eficacia profesional al igual que una política de medios de comunicación y de información.

La distribución se puede realizar de forma selectiva, por canales autorizados, a través del procedimiento público de los medios de comunicación o, permitiendo el acceso de los ciudadanos a la misma, de forma directa a los archivos y registros administrativos. Wikileaks ha puesto de relieve como la distribución de información por canales autorizados no es suficiente, y requiere garantías adicionales, generalmente vinculadas a la “necesidad de conocer”.

La articulación estratégica podría ser insuficiente, si no tiene su proyección en la institucionalización del esquema y una estructura que posibilite su desarrollo, lo que podría aconsejar incorporar al organigrama tradicional de gobiernos y organizaciones internacionales, un departamento de estrategia de la información, en los máximos niveles organizacionales, que se ocupe de todos y cada uno de sus puntos, y su implementación práctica.

La necesidad de aplicación de este nuevo concepto estratégico a nivel mundial, parece una evidencia que requiere su pronta  articulación, por imperativos de gobernanza. Demanda un posicionamiento de los actores internacionales respecto al mismo, y una especial toma en consideración por la diplomacia mundial, directamente concernida por las filtraciones de telegramas confidenciales del servicio diplomático de la mayor potencia del mundo, en una cantidad sin precedentes en la historia, que pone al descubierto las más íntimas confidencias con sus interlocutores de todo el planeta, y es la constatación empírica de que el sistema ha fallado y, al parecer, en varios puntos.

A partir de ahora, los servicios diplomáticos de la comunidad internacional, deberían tomar conciencia de la necesidad de articular –a su propia escala- una estrategia específica de información, atendiendo a la singularidad y circunstancias de la información y redes diplomáticas. La diplomacia ejerce su función en un ámbito de desigualdad entre los Estados y asimetría de poder, donde la razón, el Estado, la nación y los intereses, como elementos que configuran las relaciones internacionales, están presentes, en las que, la información es determinante, y sus operadores, los diplomáticos, han de ser expertos en su manejo.

Reducir la información diplomática a su proyección mediática –esto es, a la publicable- es ver solo una parte de la misma. La información de un servicio diplomático en su conjunto, es mucho más, y requiere de una estrategia general que contemple y armonice todos los elementos que la integran, y los oriente de forma coordinada hacia un objetivo común. De esta estrategia dependerá, en gran medida, el tipo de diplomacia que se logre tener e incluso, eventualmente, su futuro como tal.

Desde los albores de la diplomacia, la información ha sido, un elemento medular, constitutivo de la misma. Así se puede apreciar, tanto en la diplomacia clásica, en la pública o en la nueva diplomacia pública e, incluso, se vislumbra con más intensidad en la futura que, siguiendo la terminología de De Chardin nos atrevemos a denominar como “noodiplomacy”.

La función de observar  y contar lo que se ve, siempre ha sido considerada genuinamente diplomática en proporción similar a como lo ha sido la de negociar, de forma que el diplomático siempre ha sido un informador, que con su trabajo cumple un servicio vital para el Estado, en un ámbito de información claramente diferenciado del periodista y del agente de inteligencia, y recogido en el Derecho internacional. Actualmente esta función está regulada y delimitada en el artículo 3 del Convenio de Viena, en los términos de “enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al Estado acreditante”.

De donde se deriva que la finalidad de la función diplomática de informar lleva implícita la observación, la aprehensión intelectual de lo observado y su comunicación al Estado acreditante. El objeto de esta acción ha de recaer en las condiciones y en la evolución de los acontecimientos del Estado receptor, lo que engloba todo aquello que pueda interesar para la toma de decisiones del Estado acreditante. Esta tarea puede llevarse a cabo por cualquier medio, con la única exclusión de los que sean ilícitos.

Tal vez esta tarea de informar es la que más ha cambiado a lo largo de la historia que ha pasado de requerir una proximidad física al soberano, y escrutar todo lo que le rodeaba, a la necesidad de conocer las pugnas e intereses de los distintos grupos parlamentarios, los cambios de la opinión pública, actitud de los grupos de oposición, macroeconomía, nivel de empleo, conflictos internos, etc. Lo que requiere, además de moverse por los pasillos del poder, hacer lo propio en la calle, o en ámbitos militares, sindicales o de medios de comunicación, en el parqué de la bolsa o en los estadios deportivos.

Dentro del objeto genérico de observación está el primero de todos, constituido por la posición oficial del Estado receptor, información sobre la que el diplomático tiene el monopolio de suministrarla, con fidelidad, y lo que le hace sustancialmente distinto de los demás actores de la información.

El medio utilizado para hacer llegar al destinatario –el Estado acreditante- la información obtenida, en las condiciones indicadas, ha de garantizar la confianza y confidencialidad, lo que supone que esos medios reúnan las condiciones necesarias para evitar que esa información sea interceptada en su camino hacia el destinatario, y eviten que su naturaleza secreta sea violada, lo que implica cuestiones con un alto componente tecnológico –aunque no solo- determinadas por el estado de la tecnología y de la ciencia. El artículo 27 del Convenio de Viena contempla los términos en los que se puede llevar a cabo esas comunicaciones seguras, al decir que “la misión podrá emplear todos los medios de comunicación adecuados, entre ellos… los mensajes en clave o en cifra”.

En este punto se entra de lleno en lo que se conoce como seguridad de la información y las comunicaciones que incluye distintos tipos de seguridad, una ligada a las personas, otra a las instalaciones, las actividades o la información y, otras, obviamente, vinculadas directamente con la seguridad de las tecnologías de la información, con todas sus dimensiones y medidas necesarias para garantizarlas, que pueden ser de naturaleza estratégica, jurídica, física, lógica, organizativa, criptológica o electromagnética, e inciden de forma directa en la esencia de la diplomacia y, por ello, demandan una atención preferente en el marco de una estrategia específica de este ámbito informacional.

Wikileaksha puesto de relieve graves deficiencias en el tratamiento de la información pública en ámbitos críticos y, en particular, en el diplomático, que va desde una imprecisa delimitación de su ámbito de confidencialidad –en los países occidentales la información diplomática no es información clasificada-, un tratamiento deficiente, una protección inadecuada, una adquisición, digamos que impropia en algunos casos, una transparencia insuficiente, y tal vez una distribución inapropiada, por enunciar solo los aspectos más visibles, todo ello demanda una profunda reflexión y adecuada respuesta, en evitación de males mayores.

En todo caso, y como decía Doyal, con independencia de quien establezca la necesidad, “se puede necesitar lo que se quiere, y querer o no lo que se necesita, pero, lo que no puede suceder de forma consistente es no necesitar aquello que se requiere a fin de prevenir daños graves, con independencia de lo que se desee”.

Tal vez Julián Assange sea un inmaduro, o acreedor de otros calificativos menos generosos e, incluso, eventualmente podría ser condenado por los tribunales, pero eso no excluye, que también sea, la cara visible de un fenómeno que constituye una llamada de atención hacia la razón y la cordura, en el ámbito de la información pública, en un mundo complejo, informacional y tecnologizado, que necesita con urgencia un nuevo orden, diseñado por responsables que asuman y entiendan la nueva realidad.



[1] “Informacia” podría, eventualmente, ser la denominación de esta actividad -ciencia o arte- que tendría

por objeto el tratamiento integral de la información en toda su dimensión estratégica y su aplicación a las organizaciones políticas.

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